ROSARIO MONTECLARO DE NAVARRA, PETITIONER, VS. THE PEOPLE OF THE PHILIPPINES AND THE COURT OF APPEALS, RESPONDENTS.

The petitioner is charged with a violation of section 2761 in connection with
section 2176 of the Revised Administrative Code, as amended by Republic Act No.
383, in an information which reads as follows:

The undersigned Provincial Fiscal accuses the above-named defendant for
violation of section 2761 in connection with section 2176, Administrative Code,
as amended by Republic Act No. 383, committed as follows:

That on or about June 9, 1949, in the municipality of Miagao, province of
Iloilo, Philippines, and within the jurisdiction of this Court, the said
accused, being a member of the Municipal Council of Miagao, did, then and there
willfully; unlawfully and feloniously procure and work and take direct interest
in the approval and perfection of the contract of exchange of a piece of land
belonging to the municipality of Miagao, for two (2) parcels of land belonging
to her husband, Ignacio Navarra, (in) which contract of exchange said accused
possessed directly or indirectly pecuniary
interest.

The case has been brought by a petition for a writ of certiorari to review
the judgment of the Court of Appeals which affirmed that of the Court of First
Instance of Iloilo, The dispositive part of the judgment of the trial court
is—

Por todas las consideraciones arriba expuestas, el juzgado llega a la
cpnclusion de que la acusada Rosario Monteclaro, concejal electiva del municipio
de Miagao de esta provincia de Iloilo, ha infringido fuera de toda duda
razonable los articulos 2176 y 2761. del Codigo Administrative – Revisado, segun
esta el primero enmendado por la Ley No. 383 de la Republica. El hecho criminoso
se ha desarrolado durante el periodo de tiempo comprendido desde en o hacia el
21 noviembre 1948 (Exhibit E) hasta en o hacia el 21 febrero 1950 (Exhibit N),
es decir, dentro del imperio del repetido artlculo 2176 del Codigo
Administrativo Revisado, segun esta enmendado por la Ley No. 383 de la
Republica, ley esta No. 383 que entro en vigor el 17 junio 1949.

Hay una circunstancia que en cierto modo mitiga la culpabilidad de la
acusada, y es, que su marido Ignacio N. Navarra esta enfermo de paralisis.

Por tanto, hallando a la acusada Rosario Monteclaro de Navarra culpable del
delito querellado, se le condena a sufrir 6 meses de prisi6n y a pagar las
costas de este juicio.

Se recomienda cleznencia ejecutiva de su Excelencia, el Presidente de
Filipinas, despues de que la acusada haya extinguido un mes de su
condena.

The Court of Appeals found the following facts:

Que la acusada Rosario Monteclaro es concejal electiva del municipio de
Miagao de esta provincia de Iloilo desde el ano 1948 hasta el presente. Esta
casada con Ignacio N. Navarra desde el ano 1929;

Que el municipio de Miagao es dueño de una parcela de terreno residential y
comercial, de primera clase, situada en la esquina de las calles Osmeña y
Zulueta, de una cabida de 704 metros cuadra-amillarada en P420 (Exhibit A);

Que desde el año 1945 la acusada Rosario Monteclaro y su esposo Ignacio N.
Navarra tienen edificada su casa-residencia, de materiales fuertes, en el
terreno solar raencionado en el parrafo anterior, por cuyo uso pagaban un
alquiler de P30 al ano hasta el 5 abril 1949, en que Ignacio N. Navarra permuto
esta parcela de terreno con otra suya situada en el barrio de Igtuba del
referido municipio de Miagao;

Que ese terreno de Igtuba, de Ignacio N. Navarra, es de 4,134 metros
cuadrados, agricola, amillarado con sus mejoras en P160 (Exhibit K). Este
terreno lo necesita el municipio de Miagao para la mejora de la High School
local. Es un bien parafemal de Ignacio N. Navarra;

Que Ignacio N. Navarra era asimismo dueno y poseedor de otro terreno
residencial, situado en la calle Santo Tomas del arrabal de Ubos del municipio
de Miagao, de 500 metros cuadrados y amillarado en P200 (Exhibit L), terreno que
el municipio de .Miagao necesita tambien para fines de escuela elemental. Es un
bien privativo de Ignacio N. Navarra, adquirido por este en donation de
Sinforosa Monteclaro, durante su matrimonio con la aqui acusada;

Que asi las cosas, en carta de 1 noviembre 1948 Ignacio N. Navarra propuso al
Concejo Municipal de Miagao la permuta de su terreno de Igtuba con el
residencial de dicho municipio en el que el y su esposa la acusada tenian como
se ba dicho edificada su casa vivienda (Exhibit E);

Que por Resolution No. 10 de 5 abril 1949 el Consejo municipal de Miagao
aprobo por mayorfa de votos dicha permuta, sobre cuya Resolucion No. 10 la
acusada Rosario Monteclaro se abstuvo de votar (Exhibit F);

Que en 7 abril 1949 y por comunicacion de esa fecha dirigida a la Junta.
Provincial (Exhibit M), el alcalde Paulino M Nico, de Miagao, registr6 su
protesta contra la Resolution No. 10 que aprobaba la permuta, alegando entre
otras razones la de que, primero, el titulo de Ignacio N. Navarra al terreno de
Igtuba era dudoso, porque estaba contendido por los herederos de Vicente
Quillantang y podria por ello envolver en litigio al municipio de Miagao, y
segundo, porque habia gran desproporcion, desfavorable al municipio de Miagao,
entre el valor del terreno de este, ocupado por la casa vfvienda de la acusada y
su esposo, y el terreno de Igtuba, de Navarra;

Que mientras esa protesta del alcalde Nico se hallaba en tramite en la Junta
Provincial, Ignacio N. Navarra, en carta de 19 mayo 1949 (Exhibit G) propuso al
Consejo Municipal de Miagao que para obviar la oposicion del alcalde Nico el,
Ignacio N. Navarra, cederia al municipio como consideracidn adicional de la
permuta su terreno de 500 metros cuadrados de Ubos;

Que esa carta Exhibit C fue entregada por la acusada Rosario Monteclaro al
secretario municipal de Miagao, Bienvenido Monteclaro, en la sesi6n del Consejo
del dia 9 junio 1949. Bienvenido Montaclaro pas6 la carta al vice-alcalde y
alcalde interino Jos6 Nobelza y esta le someti6 al Consejo. Estaba entonces
presents en la sesi6n del Consejo la* acusada Bosario Monteclaro, la cual expuso
a los presentes que con esa adicion del terreno de Ubos ella creia que quedaba
satisfecha y zaajada la oposici6n del alcalde Nico. Esa manifestation de la
acusada fu6 oida, entre otros, por el aecretario municipal Bienvenido Montedaro
y el concejal Victorino Permindosa. El Consejo resolvid autorizar el alcalde
para celebrar el contrato de permuta con Ignacio N. Navarra/ del terreno del
municipio en la esquina de las calles Osraena y Zuloeta con los ya dichos dos
terrenos de Igtuba y Ubps de Ignacio N. Navarra, resolution en la que la acusada
Rosario Monteclaro se abstuvo de votar (Exhibit H-l);

Que como efecto de lo expuesto en el parrafo anterior en 9 junio 1949 y ante
la fe del notario publico Pablo Hinolan de esta provincia de Iloilo se otrogo
por el vice-alcalde interino Jos£ Nobleza la escrita publico de permuta de las
ya dichas tres parcelas de terreno entre el municipio de Miagao e Ignacio N.
Navarra (Exhibit B);

Que en 14 septiembre 1949 Ignacio N. Navarra presto a favor del municipio de
Miagao fianza de P1,000 (Exhibit P) en garantia de la permuta;

Que despues de todo lo arriba expuesto, la acusada Rosario Monteclaro hizo
“lobbying”, como se dice en ingles, viendose, como se vio con el tesorero
municipal Joaquin Tacsagon, el delegado de la tesoreria provincial Jestis
Nievales, el auditor provincial y el tasador provincial Elias L. Villaluna,
interesandose de estos funcionarios que le asesorasen sobre mas conveniente para
el pronto despacho y realizaci6n de la permuta, pero todo fue inutil, porque
debido a la protesta del alcalde Nico las oficinas del caso no daban su
conformidad, por lo que la acusada Rosario Monteclaro propuso pagar la suma
adidonal de P591 que la Junta Provincial fijada como la diferencia entre el
valor del terreno del municipio y el de los dos que en permuta ofrecia Ignacio
N. Navarra, propuesta que el tesorero provincial instruyo al tesorero municipal
de Miagao no aceptar, en telegrama de 26 enero 1951 (Exhibit 3);

Que el asunto de la permuta paso por fin a accion de la Secretaria del
Interior, en Manila, a cuya eiudad y oficina se fu6 la acusada Rosario
Monteclaro provista de la escritura de poder especial, Exhibit N, que le fyabia
dado su esposo Ignacio N. Navarra el 21 iebrero 1950 y en la que entre otras
cosas le constituyo “as my true and lawful attorney-in-fact, for me and in my
name, place and stead, to represent our right, interest and to sign any paper
referring to the exchange of our two parcels of land with the land of the
municipality of Miagao, Iloilo, to appear before any authority to work for the
approval of the contract of exchange of the said lots.” Y con ese poder la
acusada. Rosario Monteclaro gestiono en la Secretaria del interior el pronto
despacho de la permuta, cuya aprobacion final no esta acordada hasta ahora por
dicha Superioridad; y

Que en vista de toda la actuation arriba expuesta de la acusada Rosario
Monteclaro, el alcalde Nico instituyo el 6 febrero 1951 en el juzgado de paz de
Miagao denuncia contra Rosario Monteclaro acusandole de haber infringido el
articulo 2761 en relation con el 2176 del Codigo Administrativo Revisado, segun
esta el ultimo enmendado por la Ley No. 383 de la Republica, denuncia que dio
inicio a la presente action y de la que la acusada tuvo conocimiento a tiempo
tanto que preparo la correspondiente fianza de libertad provisional, si bien no
fue arrestada sino el 27 de aquel mes de febrero, de noche, y quedo detenida en
la casa municipal durante una hora, en que perfecciono la fianza de libertad
provisional, haciendola finnar por el fiador que faltaba.

Y en esta instancia la acusada Rosario Monteclaro se defiende diciendo que la
misma es resultado del odio, resentimiento y venganza del alcalde Nico por haber
sido ella una de los que con el vice-alcalde Jose Nobleza y los concejales Juan
Monteclaro, Gecre A. Legaspi y Julian Paraiso le acusaron administrativamente
ante el Presidente de Filipinas por mala conducta oficial, en denuncia de 30
mayo. 1949, Exhibit 13, denuncia que investigada por la Junta Provincial recayo
en 8 mayo 1950 resoluci6n condenatoria contra el alcalde Nico de tres meses de
suspension, Exhibit 14, diciplina que fue reducida a quince dias de suspencion
sin sueldo, por resolution del Secretario del Interior fechada 19 diciembre
1950, Exhibit 15.

The facts disputed by the appellant upon which the Court of Appeals made
express findings are unimportant arid would not affect or alter the
pronouncements of that Court. That the petitioner, who was a councilor of the
municipality of Miagao, province of Iloilo, was interested ia the exchange of
the lot owned by the municipality of which she was a councilor, on which she
and,her husband Ignacio N. Navarra, as lessees, had built a house and for which
they were paying to the municipality of Miagao a yearly rental of P30, for two
lots owned by her husband, one occupied and used by the Miagao Regional High
School and the other occupied and used by the municipal elementary school, can
hardly be disputed. By acquiring said municipal lot the petitioner and her
husband would save at least the rental paid by them to the municipality. It is
true that the saving of the yearly rental for the lease of the lot belonging to
the municipality would be offset by the rental the municipality might be
required to pay (the municipality is not paying any rent for the two lots) for
the lease or occupation or use of the two lots belonging to the petitioner’s
husband. Nevertheless, the prohibition of the law does not require that the
contract of exchange must result in an economic or pecuniary advantage to the
municipal official. It is enough that the latter be pecuniarily interested in
the municipal contract. The argument that if the lot owned by the municipality
be devoted to public use the exchange would be null and void, and that for that
reason the petitioner cannbt be deemed guilty of having a pecuniary interest in
an exchange which is null and void, is without merit, because at the time of the
exchange the lot belonging to the municipality was not devoted to public use or
purpose. And the contention that the exchange of the lot belonging to the
husband of the petitioner occupied and used by the Miagao Regional High School
located in Igtuba not being the concern of the municipality is null and void may
be correct, but that fact does not divest the lot owned by the municipality on
which the petitioner and her husband had erected a house of its character as
property of the municipality. True, section 2176 of the Revised Administrative
Code does not use the term “exchange” but it is encompassed in the term
“municipal contract” and in the term “purchase of any real estate or any other
property belonging thereto” found in section 2761 of the same Code, for exchange
is equivalent to purchase, the only difference being that instead of paying
money for the price or consideration property is given in lieu thereof.

The petitioner argues that to commit a violation of the provisions of the
Revised Administrative Code charged against her the exchange must be
consummated. The provisions of the Revised Administrative Code charged to have
been violated by the petitioner do not require that the contract be approved by
the provincial governor as required in section 2196 of the same Code. The last
cited section provides for the execution of deeds conveying municipal real
property or any interest therein by the mayor upon resolution of the council and
requires the approval of the provincial governor for its effectivity. But it
does not mean that if the deed is not approved by the provincial governor the
prohibition in sections 2176 and 2761 referred to may not be violated. Just as
under the Revised Penal Code the transgressor of the law may be convicted not
only when the crime is consummated but also when it is frustrated or attempted,
so also under the provisions referred to, steps taken by a municipal official
which would lead to bring about the perfection, consummation and execution of a
municipal contract or of a purchase of real estate belonging to the municipality
are included in the prohibition. The provisions of sections 2176 and 2761 of the
Revised Administrative Code are intended to deter and prevent municipal
officials from having an interest in any municipal contract or in the purchase
of any real estate belonging to the municipality because of the influence or
pressure that may be exerted or brought to bear upon the other municipal
officials to consent and approve such contract or purchase of real estate
belonging to the municipality. If such provisions are to be construed as to
prohibit and punish municipal officials who have or possess pecuniary interest,
directly or indirectly, only in a consummated municipal contract or in a
consummated purchase of any real estate belonging to the municipality, then the
purpose and aim of the prohibition would not be realized and attained.

The judgment under review is affirmed, with costs against the
petitioner.

Bengzon, Montemayor, Reyes, A., Bautista Angelo,
Labrador, and Reyes, J.B.L., JJ., concur.

Judgment affirmed.